Anticipan litigios internacionales si se aprueba reforma eléctrica

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“Básicamente este proyecto cambia el orden para empezar a utilizar la electricidad más cara que tenemos. Esto tendrá un impacto en el corto plazo en las finanzas de la CFE, y si el gobierno no quiere eso, en las tarifas a los usuarios. Alguien va a tener que pagar esta decisión. Ese es el meollo del asunto. Va a ser muy costoso”.

Ciudad de México., 2 Feb-21 (Agencia).- Los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal significan la entrada en un nuevo régimen y, en la medida en que va en contra de la Reforma Eléctrica, puede leerse como una contra reforma, además del riesgo de colocar al mercado eléctrico ante casos de arbitraje en el marco del T-MEC promovidos por inversionistas extranjeros, indicaron especialistas.

De aprobarse por el Congreso, las nuevas inversiones que se realizan en generación eléctrica, que en todas partes son de energías renovables, por ser energía limpia y la más barata, se verán desincentivadas en México, señaló Joel Tonatiuh Vázquez, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Los cambios que propone el proyecto de decreto pueden traer roces en la relación con Estados Unidos, cuyo presidente Joe Biden tiene una agenda de combate al Cambio Climático y las energías renovables, apuntó Luis Serra, director de la Iniciativa de Energía del Tec de Monterrey.

Además de que colocarían al mercado eléctrico en una posición de incertidumbre por las resoluciones de casos de arbitraje que pudieran producirse si inversionistas extranjeros recurren al T-MEC para tratar de proteger sus derechos contra un acto del estado mexicano, añadió.

Estos litigios podrían costarle a México miles de millones de dólares si tuviera que compensar a estas empresas que han participado en el sector eléctrico mexicano y que hoy ven afectados sus intereses, subrayó Serra.

Este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa preferente al Congreso que propone modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica que fue aprobada en 2013 como parte de la Reforma Energética, con el fin de recolocar a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el centro del sector eléctrico, planteando sustituir el orden de despacho de electricidad a la red que empieza por generación más barata, por el siguiente: energía producida por las hidroeléctricas de CFE, la generada en otras plantas de esta compañía estatal, energía eólica o solar de particulares y de plantas de ciclos combinados de privados.

El analista del CIEP indicó que cambios previos como la política de confiabilidad, a las reglas de los certificados de energía limpia (CEL) y las modificaciones al régimen de autoabasto fueron intentos de favorecer a la CFE sin cambiar la ley, pero ante los reveses recibidos en tribunales, ahora el gobierno trata de ir a fondo para implementar su política en materia eléctrica.

La iniciativa es el siguiente paso hacia revertir los esquemas de participación privada que la reforma energética profundizó y que venían desde la década de 1990 con Carlos Salinas de Gortari, apuntó el especialista del Tec de Monterrey.

Agregó que es altamente probable que la iniciativa sea aprobada por el Congreso, pues se trata de una ley secundaria y, por tanto, solo requiere de una mayoría absoluta, de 50% más un voto para pasar.

Pero uno de sus puntos débiles, indicó, es que asume que la definición de la capacidad de planeación del sistema eléctrico nacional es facultad del Estado, y se ampara en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, pero la Carta Magna contempla la posibilidad de que privados participen en el mercado eléctrico.

“Esto va a introducir bastantes problemas. Vamos a ver si se sostiene”.

Consideró que el esquema de despacho que propone la iniciativa tendrá costos para los contribuyentes, pues elimina el criterio económico y lo sustituye por uno que da prioridad a las plantas de CFE, que ni remotamente compiten con las renovables.

Por un lado, argumentó, las hidroeléctricas no son plantas renovables, son limpias, pero no renovables, y producen un impacto ambiental, mientras que las de ciclo combinado de privados que la iniciativa deja para el final son las únicas que compiten en precio con las renovables.

Se trata de un choque ideológico, porque se dice que lo que hay está mal solo porque no lo hace la CFE. No es exactamente una contrarreforma, sino de un modelo raro, porque los contratos con los generadores privados continúan, consideró el especialista del Tec de Monterrey.

Desincentiva la inversión

Vázquez, del CIEP, consideró que, dada la importancia del sector eléctrico y el aumento de la demanda, algunas empresas de renovables sí podrían mantenerse en el mercado pese a los cambios que pretende el gobierno, pero es un hecho que desalienta la entrada de nuevos jugadores.

“Definitivamente sí se pierde incentivo para nuevas inversiones, que son de energía renovable y energía barata. Esto sí es contundente”, subrayó.

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